Resumen: Se admite en la jurisprudencia y en la doctrina que el art. 80.5 CP pretende evitar el ingreso en prisión de personas que cometieron un delito a consecuencia de su dependencia de drogas y fueron condenadas por ello a pena de prisión, cuando se acredita que están sujetas con aprovechamiento a un tratamiento de deshabituación de tales drogas, o se encuentran ya deshabituadas de dicho consumo. La causa que motivó el delito estaría enervada, o en proceso de estarlo, por lo que la prevención especial no requeriría el ingreso en prisión del penado, quien se habría reinsertado socialmente, o estaría de manera efectiva, en proceso de hacerlo. Para quienes se encuentran ya internos se contempla en el art. 182 del Reglamento Penitenciario (11) (RP) la posibilidad de que continúen el internamiento en centro de deshabituación de drogodependencias, estando clasificados en tercer grado y tras informes de diversas disciplinas que consideren innecesario el internamiento en establecimiento penitenciario. Nada tiene que ver los sencillos informes obrantes en la causa con los estudios mucho más en profundidad del conjunto de aspectos del interno que serían necesarios para la concesión de la modalidad de internamiento del art. 182 RP. El recurrente se encuentra interno en centro penitenciario, por lo que la concesión de la suspensión que se interesa exigiría una acreditación de circunstancias mucho mayor que la aquí intentada para acreditar que no es necesario el cumplimiento de la pena.
Resumen: MODIFICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DEL COVID-19. Tal variación sustancial de las circunstancias económicas se compone de dos elementos, (i) uno de ellos objetivo, constituido por el propio efecto económico que la pandemia ha tenido en todos los sectores económicos del país, y (ii) el factor restante es subjetivo, puesto que esa incidencia debe calibrarse atendiendo a las circunstancias específicas de cada supuesto, ya que no en todos los casos se da la misma afectación. En el caso, a la vista de las pruebas practicadas, considera el tribunal que en el demandante, ahora apelado, la afectación económica del COVID-19 fue limitada y se contrae propiamente al mes de mayo/2020, y que no se han materializado los temores que expone en la demanda, de "ERTES" posteriores o incluso de un "ERE", o bien de la desaparición de la compañía aérea, subrayando el tribunal en relación con las nóminas que todas ellas expresan un grado de ocupación laboral del 100%, de modo que, aunque la situación de pandemia no ha desaparecido en los periodos laborales señalados, incluso recrudeciéndose en distintas "olas", el apelado ha podido continuar con su trabajo, con percepciones de salario similares al periodo anterior a la pandemia, sin que su situación en el mes de mayo/2020 resulte suficiente para acoger su pretensión. En consecuencia, se estima el recurso, revocando la sentencia de primera instancia, desestimando la demanda iniciadora del procedimiento.
